EL DERECHO A DECIDIR EN TODAS PARTES

Voy a contar una sencilla y reciente historia de medicina. Hace cuatro años asistí, como representante de la Academia Española de Dermatología y Venereología, a una llamada “Reunión multisocietaria de vacunación para ambos sexos”, convocada por el representante de una de las doce sociedades médicas seleccionadas para debatir sobre las nuevas evidencias de las vacunaciones y concluir con un “Documento de Consenso de vacunación en ambos sexos” que pudiera ser útil a profesionales sanitarios y  agencias de salud pública.

Durante dos años se discutieron los diferentes problemas epidemiológicos, de seguridad, de eficacia, de eficiencia y de aplicación que tenían las vacunas, tanto a nivel nacional como internacional, para llegar, al final, a discrepancias notables que fueron aceptadas o rechazadas por todos, porque no eran graves para su utilización o abandono mientras no aparecieran investigaciones científicas universalmente reconocidas. El problema surgió cuando, sin esas convicciones científicas, se pretendió que no era necesario vacunar a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres y la explicación del coordinador del consenso fue: “Pusimos todos los datos sobre la mesa y la votación resultó 7 a 5 favorable al texto que figura en el Consenso (un servidor, en el bando perdedor). Estarás de acuerdo conmigo en que este es justamente el espíritu de un Consenso: si hay discrepancia, la mayoría manda y a ella hay que atenerse, siempre que se respeten – como es el caso – las evidencias de base.” A lo que tuvo la réplica correspondiente: “Perdonadme todos, no quisiera ofender a nadie, pero la respuesta que me has dado a mi pregunta “¿por qué los australianos y otros países vacunan a los adolescentes masculinos y nosotros los discriminamos? me ha recordado la pregunta que hizo un ilustre catedrático hispano en la Asamblea General de su Sociedad científica que pretendía regular el pago de los impuestos y preguntó muy seriamente: “entonces ¿votamos o no, para saber si pagamos los impuestos?”. Como podéis comprender no se votó, porque eso no se puede votar, como no se puede votar una discriminación entre jóvenes y “jovenas”, para cualquier vacunación, mientras no se demuestre una inmunidad básica diferente en cada sexo”. Así es como, por esta y otras razones, se retiraron tres de las doce sociedades iniciales del llamado “Documento de Consenso de sociedades científicas españolas”.

Un consenso no necesita votaciones, necesita convencimiento y autocrítica y mucho menos discriminar a los hombres de las mujeres o a la inversa, sin razones  reconocidas mundialmente. No hay democracia sin elecciones pero no todas las elecciones son democráticas. No se puede votar para no pagar los impuestos sin aclarar antes quien va a pagar los gastos de la convivencia ciudadana, como tampoco se puede votar para hacer desaparecer una raza o para establecer el suicidio obligatorio, etc. etc.

La votación más elemental e indispensable (todos los países la han hecho al ingresar en las Naciones Unidas) es la del respeto a los derechos humanos, establecidos universalmente el 10 de diciembre de 1945, y después cada país vota las leyes que sus políticos, elegidos mediante votación, consideran necesarias (incluida la Constitución). Es en el respeto al ser humano y en la calidad y cantidad de las leyes donde se puede juzgar si se trata de una democracia buena, mediocre o mala.

El correcto uso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza un mínimo de justicia y dignidad para cada persona, es un respeto a la libertad individual (“para los demás no soy nadie pero para mí lo soy todo”), y si todos los países tienen leyes injustas e indignas, más indecente e indigno es tergiversar y usar torticeramente los artículos oficiales de la dicha Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque no están redactados para justificar culturas, lugares de nacimiento, estilos de vida, etc. de un grupo, una asociación, un partido político, etc., sino para que cada ciudadano, sea quien sea, los utilice en su defensa como lo crea más conveniente.

Artículo 19.

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20.
  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
  2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Madrid, Noviembre 2014

 

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